Funcionarios de EE.UU. retrasan la publicación pública de una resolución clave sobre la Sección 702 en medio del impulso para su renovación

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Funcionarios de inteligencia de EE.UU. han retenido una resolución crítica del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera sobre búsquedas sin orden judicial más allá de la fecha límite establecida, buscando la reautorización de la Sección 702 antes de hacer pública la decisión.

En octubre de 2026, destacados senadores estadounidenses y grupos por las libertades civiles expresaron su preocupación por la retención secreta por parte del gobierno federal de una resolución clave del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera relacionada con la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA). Este programa autoriza la vigilancia sin orden judicial de comunicaciones de estadounidenses recopiladas en el extranjero. Según reportes de Ars Technica, la administración Trump retrasó la publicación de una opinión judicial que señalaba problemas serios con los filtros de búsqueda usados por analistas de inteligencia para acceder a mensajes de estadounidenses sin las órdenes judiciales o justificaciones requeridas.

La resolución, emitida siete meses antes, criticó herramientas clave que permitían a los funcionarios de inteligencia acceder a datos de estadounidenses sin salvaguardas legales pero, no obstante, aprobó la continuación de la vigilancia por un año más. Las propias políticas de la administración establecen que tales resoluciones deben ser desclasificadas dentro de 180 días; sin embargo, dicho plazo expiró a mediados de septiembre de 2026 sin divulgación pública. Los senadores Ron Wyden y Adam Schiff, supervisores de inteligencia de largo plazo, exigieron públicamente una explicación y pidieron transparencia antes de que el Congreso vote la reautorización de la Sección 702, que había expirado en junio.

Además de legisladores, numerosas organizaciones de derechos civiles, incluyendo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y el Proyecto para la Privacidad y la Rendición de Cuentas en la Vigilancia, solicitaron al Congreso que retenga la reautorización hasta que se divulgue completamente la información legalmente requerida sobre el programa. A pesar de promesas de algunos funcionarios y presión bipartidista, la resolución sigue clasificada. El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, no ha prometido su publicación aunque señaló esfuerzos para acelerar la desclasificación.

Detalles disponibles de desclasificaciones previas revelan que las herramientas de búsqueda del FBI permitían acceder a mensajes de estadounidenses sin el recuento adecuado ni supervisión, con el tribunal ordenando reconstruir los filtros para cumplir con las protecciones de la Cuarta Enmienda. Fichas informativas gubernamentales no clasificadas presumen una tasa de cumplimiento del 98.9% y atribuyen a la Sección 702 la prevención de ataques terroristas, pero omiten los hallazgos críticos del tribunal. Revisiones internas señalan preocupaciones continuas sobre el cumplimiento.

El senador Dick Durbin y otros que han revisado la resolución sugieren que desafía significativamente las prácticas actuales y las interpretaciones de los derechos de vigilancia de los estadounidenses bajo FISA. Mientras se acerca la expiración de la aprobación judicial en marzo de 2027, la administración podría intentar incluir disposiciones de reautorización en el próximo proyecto de ley de autorización de defensa para evitar una confrontación directa.

La controversia subraya la tensión entre las medidas de seguridad nacional y las libertades civiles, destacando debates continuos sobre la transparencia gubernamental y la supervisión de los poderes de vigilancia sin orden judicial. La administración Trump tiene hasta el 6 de noviembre de 2026 para responder a las demandas del Congreso sobre este asunto antes de que el debate se intensifique.