Meta debe pagar 25.000 millones de dólares en caso de privacidad de datos vinculado a Cambridge Analytica

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Un tribunal de Nuevo México multó a Meta con 25.000 millones de dólares por 43 millones de violaciones a la protección del consumidor relacionadas con fallos en la privacidad de datos, incluyendo asuntos vinculados al escándalo de Cambridge Analytica.

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha sido condenada por un tribunal de Nuevo México a pagar 25.000 millones de dólares tras un juicio de alto perfil sobre sus prácticas de privacidad de datos. La sentencia se basa en acusaciones de que Meta violó aproximadamente 43 millones de veces las leyes estatales de protección al consumidor, con una multa de 5.000 dólares por cada infracción.

El caso se centra en el papel de Meta en engañar a los usuarios sobre el manejo de sus datos, incluida su asociación con una aplicación de terceros involucrada en la violación de Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, una firma consultora política vinculada a un contratista británico de defensa llamado SLC Group, se hizo conocida por su participación en operaciones de influencia, especialmente durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. El juicio también abordó temas más amplios sobre las políticas de privacidad de datos de Meta y sus esfuerzos para combatir la desinformación en sus plataformas.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, destacó la importancia del acuerdo, señalando que los fondos podrían contribuir a proyectos públicos como la construcción de escuelas para el próximo siglo.

Meta ha anunciado su intención de apelar la sentencia. El director legal, C.J. Mahoney, criticó la decisión, sugiriendo que impone restricciones onerosas a la libertad de expresión y podría disuadir la operación comercial en Nuevo México. Expresó confianza en ganar en apelación y reiteró el compromiso de Meta de mantener una plataforma segura que apoye la conectividad, el crecimiento de pequeñas empresas y la competitividad nacional.

Este fallo representa una de las mayores sanciones financieras relacionadas con las consecuencias continuas del escándalo de datos de Cambridge Analytica y refleja un aumento en la supervisión regulatoria sobre la privacidad de datos y la responsabilidad corporativa en el sector de redes sociales.